La delegación de Unión Progreso y Democracia en San Vicente del Rapeig,  en su línea de propuestas para mejorar la gestión de los recursos municipales, acuerda solicitar la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, dependiente del Ayuntamiento de San Vicente, se encargue de mediar con las entidades bancarias a fin de “exprimir todas las posibilidades de acuerdo” entre las partes en litigio antes de ejecutar órdenes de desalojo.

Unión Progreso y Democracia, en su línea de propuestas para mejorar la gestión de los recursos municipales, considera necesario la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria dependiente del Ayuntamiento de San Vicente desde la que se asesore a las familias que no puedan hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca y que mediará con las entidades bancarias a todas aquellas personas afectadas por la hipoteca se podrán dirigir a la oficina y exponer su caso particular.

La oficina sería un departamento multidisciplinar para el asesoramiento y orientación a las familias, abordando todos los aspectos de su situación social, y no solo la cuestión de la hipoteca.

El delegado local de UPyD en San Vicente del Raspeig entiende que los bancos, que han recibido ayudas públicas para su saneamiento, deben evitar las medidas extremas de dejar sin vivienda a sus deudores cuando están pasando necesidades, porque genera un grave problema social.

En principio, este servicio tendría como función principal “exprimir todas las posibilidades de acuerdo” entre las partes en litigio antes de ejecutar órdenes de desalojo.

Desde UPyD entendemos que no puede haber pisos vacíos cuando hay gente en la calle. Por todo ello se insiste en consensuar en el municipio de San Vicente del Raspeig  un protocolo de actuación claro y definido ante las situaciones de desahucios sociales, promoviendo además mecanismos de apoyo y realojamiento en viviendas sociales a familias desahuciadas que reúnan determinados requisitos y sean expresamente seleccionadas por los servicios sociales municipales, tras aceptar ciertos compromisos y obligaciones durante el periodo de tiempo en el que persista la situación de vulnerabilidad.